Matías Podeley EN

Ciberseguridad · Energía e infraestructura crítica · Argentina

El sector se entera de lo que le pasa por el que lo atacó

Entre 2020 y 2026 se documentaron catorce ciberincidentes en energía e infraestructura crítica argentina. De siete de ellos no se supo por la empresa ni por un regulador: se supieron porque el atacante publicó a su víctima en un sitio de filtración. No hay deber de reporte sectorial, no hay mecanismo de intercambio entre pares, y nadie tiene inventariado lo que el sector expone hacia afuera. Estas tres piezas miden ese hueco con fuentes abiertas, sin escanear a nadie.

Argentina de noche en el compuesto VIIRS, con las instalaciones energéticas superpuestas
El sistema energético argentino visto de noche por el satélite, con las instalaciones críticas encima. Cada punto que cae sobre luz es una instalación que está operando, y ese cruce se hace desde un navegador con teselas abiertas de la NASA. Es el tipo de reconocimiento que un atacante hace gratis antes de tocar nada, y el punto de partida de este trabajo: si se ve desde afuera, conviene que el que defiende lo tenga mirado primero. Ver el mapa interactivo →

Por qué importa

Lo que se rompe no es la luz, es la programación

El imaginario del ciberataque a la energía es el apagón, y no es lo que muestran los casos argentinos. En los dos incidentes donde se sabe qué sistema cayó, el blanco fue la capa que convierte contratos en flujo físico programado: la nominación y el despacho. El caño sigue lleno y el gas sigue moviéndose, pero la programación pasa a hacerse por teléfono y planilla, los balances se reconstruyen después y las penalidades por desvío quedan en disputa. Es una capa administrativa en el organigrama y operativa en la práctica, y queda justo fuera del foco de la distinción con la que se estructura toda la seguridad industrial.

El hueco institucional es el que explica el resto. El Estado tiene un programa de ciberseguridad de infraestructuras críticas financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, con una línea de base del 9% medida en 2021 y meta de 50% para 2028. Adentro de ese programa hay un producto de intercambio de información con el sector privado, presupuestado y sin ejecutar. Del otro lado, las piezas para sentar una mesa sectorial existen desde 1992: las empresas que habría que convocar ya son socias entre sí en la administración del despacho eléctrico.

Mientras tanto, cada operadora enfrenta a los mismos grupos de a una, sin saber qué le funcionó a la anterior. Eso es lo que estas tres piezas intentan volver visible: qué pasó, qué hay expuesto y qué se podría construir.